El Gobierno festeja la media sanción del Régimen Penal Juvenil
La Oficina del Presidente celebró con entusiasmo la reciente aprobación en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Régimen Penal Juvenil. Este proyecto propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, una medida que promete abordar de manera más efectiva la problemática del delito en nuestro país.
El anuncio oficial destaca que esta iniciativa pone fin a una discusión que se ha postergado durante décadas. Las autoridades aseguraron que las leyes actuales están desactualizadas y no reflejan la realidad del crimen, que se ha vuelto más violento y organizado. Durante más de 40 años, la política evitó tratar este tema, a pesar de que hubo más de 37 propuestas que no vieron la luz.
En el comunicado se menciona que “el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”, subrayando que Argentina no puede seguir regida por normas de un pasado que ya no existe. Esto se traduce en que quienes cometen delitos, independientemente de su edad, deben enfrentar la justicia.
Pedido de tratamiento urgente en el Senado
El presidente Javier G. Milei expresó su agradecimiento a los diputados que apoyaron esta media sanción, reconociendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos. El Gobierno confía en que el Senado tratará este proyecto con la urgencia que la situación requiere, teniendo como objetivo que “el fin de la impunidad sea una realidad”.
Además, el comunicado recalca que un chico de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Mantener lo contrario implicaría subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas. Con la media sanción aprobada, ahora el proyecto deberá debate en la Cámara alta para convertirse en ley.
Régimen Penal Juvenil: qué dice el proyecto
El proyecto busca fomentar en el adolescente imputado la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. Para ello, se proponen capacitaciones, actividades recreativas y deportes, junto con atención médica y contención ante adicciones. También se busca proteger los derechos de las víctimas, habilitando instancias de mediación con el adolescente involucrado.
La propuesta establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional tras cumplir las dos terceras partes de la condena. En casos donde las penas sean de hasta 3 años, se sugiere reemplazar la privación de libertad por otras medidas, como amonestaciones, prohibiciones de contacto con la víctima, asistencia a ciertos establecimientos recreativos y prestación de servicios a la comunidad.
Con todo esto, se busca un enfoque más humano y educativo, priorizando la integración social de los jóvenes y la atención a las necesidades de las víctimas.